La regulación es la forma como el Estado contribuye a la estabilización de la economía capitalista. El Estado regula con prioridad a través de leyes, reglamentos, impuestos y subvenciones.
La regulación puede llegar a describirse, como mecánica social, con la imagen del termostato. El termostato es un regulador que permite controlar la temperatura cuando alcanza determinados niveles. Allí tenemos la imagen de una regulación mecánica. Cuando la sociedad es una máquina, los hombres como técnicos sociales adoptan el rol del regulador. En el fordismo el rol de regulador lo cumple el Estado nacional. Para eso debe preocuparse que la sociedad no llegue a situaciones límite. Los expertos del Estado tienen como tarea establecer reglas para las políticas económicas de tal suerte que la economía no se recaliente o la coyuntura no resulte demasiado fría.
Visto históricamente el Estado creó con frecuencia mercados. Necesitaron dictar severas normas obligatorias para legitimar la expropiación de las tierras de los campesinos, construir casas pobres, introducir los impuestos y obligar a los hombres y mujeres a vender su fuerza de trabajo. La regulación de las relaciones laborales creó el mercado de trabajo. En el fordismo se basó la regulación estatal del desarrollo sobre la práctica de la técnica social para planear la intervención en la sociedad. La técnica social se basa en una técnica de comprensión de la política.
Provisión
Durante los últimos veinte años, se ha producido un cambio sustancial en el tipo de regulación al que están sujetas las entidades bancarias. Se ha pasado de una regulación estructural, basada en normas que restringían la capacidad de maniobra de las entidades respecto a los precios (mediante límites sobre los tipos de interés y las comisiones), las cantidades (a través de la imposición de coeficientes de inversión obligatoria) y la capacidad instalada (por medio condiciones sobre la expansión de la red de oficinas y el tipo de negocio que podían llevar a cabo), a una regulación prudencial, donde se otorga libertad operativa a las entidades pero se vigila estrechamente la correcta valoración de los activos y la existencia de un nivel de recursos propios acorde al riesgo en que incurren las entidades.
Por ello, una pieza muy importante del actual entramado regulativo es la dotación de provisiones para insolvencias, destinadas a cubrir el riesgo de crédito. En España, hasta la implantación de la provisión estadística en julio de 2000, existían dos provisiones para insolvencias: una específica, para cubrir los activos dudosos a medida que van apareciendo, y otra genérica, que se aplica a los activos sanos a través de un porcentaje fijo. La función de la nueva provisión es distinta: se trata de cubrir el riesgo latente, que aparece desde el mismo momento de la concesión del crédito. Esta clase de riesgo se suele incrementar durante las fases expansivas del ciclo (en las que las entidades compiten intensamente por captar nuevos prestatarios, lo que puede producir una disminución de su calidad media), aunque los efectos negativos que se derivan de ese aumento del riesgo no se manifiestan hasta las etapas recesivas, en las que el crecimiento de la morosidad puede deteriorar la rentabilidad, e incluso la solvencia, de las entidades bancarias. La aplicación de una provisión dinámica, del tipo de la provisión estadística española, puede ser una forma de contrarrestar dichos efectos negativos.
En un trabajo reciente de Jesús Saurina, economista del Servicio de Estudios del Banco de España, se pone de manifiesto que las dotaciones a insolvencias y los niveles de recursos propios han mostrado en España un acentuado perfil cíclico, lo que ha provocado disminuciones de la solvencia en las fases expansivas (la reducción del nivel de riesgo correspondiente al activo se ha traducido en unas menores dotaciones y una menor acumulación de recursos propios). El fuerte crecimiento de la economía española durante los últimos años ha comportado un importante aumento del crédito y, presumiblemente, un incremento del riesgo latente en las carteras de activos. Ello ha proporcionado argumentos a favor del establecimiento de la provisión estadística que, durante el escaso período en que está vigente, se ha convertido ya en un notable instrumento de regulación bancaria. Como revela el análisis realizado por Jesús Saurina, dicha provisión parece capaz de actuar como elemento estabilizador a lo largo del ciclo, moderando el impacto de las oscilaciones financieras sobre la economía real para contribuir a un crecimiento económico más estable a medio plazo.
Además, del trabajo de Jesús Saurina se deriva que la provisión estadística española es, probablemente, una forma muy válida de afrontar los recelos que, entre algunos reguladores y analistas bancarios, ha suscitado el posible aumento de la vinculación entre los requerimientos de recursos propios y la evolución del ciclo, como consecuencia de la aplicación del nuevo acuerdo que, sobre tales requerimientos, se está negociando en la actualidad en el seno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Fiscalización
La economía colombiana cerró el 2007 con un crecimiento sin precedentes recientes. Así se consolida la etapa de expansión iniciada en 2003, y se crean soportes para el mediano plazo. El dinámico crecimiento se ha traducido en mejores condiciones de vida para los colombianos. El PIB por habitante creció en el 2007 a una tasa del 6,2 por ciento real, respecto a una media del 3,9 por ciento en los últimos cinco años. Al tiempo, el desempleo se ha ido reduciendo gradualmente desde 2001, gracias a un aumento en la ocupación.
Juana Téllez Economista Jefe, BBVA Colombia
Mirado desde la perspectiva de la distribución del ingreso la reforma tributaria modifica con sesgo positivo dicha distribución porque:
* Mantiene tasas diferenciales en el IVA, con tasas menores para los productos de la canasta familiar. Pero al mismo tiempo reduce dicha tasa del 14% al 10% la que afecta a la mayoría de los productos de consumo familiar. Reduce en esta primera etapa la tasa básica del IVA al 22%. Como además elimina el Cofis de 3% los precios de los productos de la canasta familiar reciben una rebaja impositiva de 7% (4 puntos menos de IVA y 3 puntos de la eliminación del Cofis).
* Incorpora el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y con el mismo ya no se gravan solamente las rentas provenientes del trabajo dependiente, es decir solo pagaban impuesto a la renta salarios y jubilaciones, sino que incorpora rentas por los pagos de honorarios profesionales y rentas de capital (intereses de depósitos, arrendamientos de inmuebles, dividendos y utilidades distribuidas de sociedades).
* Para los trabajadores asalariados que pagaban el impuesto a los sueldos aumenta su mínimo no imponible respecto a lo que hoy existe en el impuesto a los sueldos que era de 4.400 a 7.410 pesos al iniciar la reforma y hoy es ya 8.875, es decir el doble que en 2004.
* Dicho mínimo no imponible aumenta por hijo, con lo cual las familias con mayor tamaño empiezan a pagar el impuesto desde valores mayores, cosa que tampoco sucedía en el actual impuesto a los sueldos y es otro aporte a la equidad del peso de la carga tributaria.
Estabilización
-Los problemas de la estabilización de la moneda y de los precios han preocupado a los economistas y a los gobiernos en todas las épocas.
-Tendencias al equilibrio entre oferta y demanda en un mercado que minimizan las diferencias de los precios de los valores u otros efectos de comercio negociados en el mismo.
-Utilización de los instrumentos de política económica con la finalidad de evitar o reducir los desequilibrios coyunturales que se producen en una economía.
- La estabilización Es una situación económica caracterizada por la ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel de renta y empleo, por la inexistencia de paro involuntario y de subempleo y por la ausencia de inflación.
La estabilización de la economía colombiana después de la Guerra de los Mil Días y el periodo de transición monetaria comprendido entre 1903 y 1923
Alejandro López Mejía *
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/banrep1/hbrep21.htm
Durante los últimos años de la década del noventa, el partido liberal y los conservadores históricos intentaron acabar con la hegemonía de los conservadores nacionalistas y cambiar de esta manera la política de la Regeneración.
Las principales reformas que pedía la oposición bipartidista se centraron en los campos político y económico. En el primero de ellos los críticos de gobierno pretendían, entre otras cosas, la libertad absoluta de prensa, la abolición de la pena de muerte y la derogación de los poderes extraordinarios otorgados al poder ejecutivo por la "ley de los caballos", según la cual el Presidente podría enviar a prisión, deportar o privar de los derechos políticos, a aquellas personas que en sus críticas al Estado "afectaran el orden público".
En el campo económico, la oposición deseaba quitarle el privilegio de emisión al Gobierno. Para ello, pedía la prohibición absoluta de nuevas emisiones de papel moneda, la amortización de los billetes fiduciarios, el restablecimiento de la circulación metálica y la libre estipulación, o sea, la posibilidad de hacer transacciones y compromisos comerciales en una moneda diferente al papel inconvertible.
Sin embargo, ante la convicción de que sería imposible hacer las reformas por medios legislativos y electorales, el partido liberal consideró necesario tomar las armas para conseguir sus objetivos. En esta forma, en octubre de 1899 se inició la Guerra civil de los Mil Días, que trajo consigo la mayor tasa de devaluación e inflación en la historia de Colombia.
La literatura sobre historia económica colombiana aún no ha hecho un análisis detallado de las consecuencias monetarias de la guerra civil de comienzos de siglo y del posterior proceso de estabilización de precios en el período de posguerra. Por esta razón, generalmente se han exagerado los niveles de la inflación y de la tasa de cambio alcanzados en los primeros años de este siglo y no hay claridad sobre el origen y la ejecución de la política de estabilización de los precios.
Lo cierto es que una vez finalizada la Guerra de los Mil Días, las principales reformas económicas que pedían los críticos de la Regeneración, se cristalizaron gracias a la expedición de la Ley 33 de octubre de 1903.
Se prohibieron las nuevas emisiones de papel moneda, se permitió estipular en oro los contratos se dieron los primeros pasos para introducir el patrón oro y se creó la Junta de Amortización.
Si bien, la literatura sobre historia económica colombiana le ha dedicado muchas páginas al sector real de la economía en los primeros veinte años de este siglo, la política monetaria del período comprendido entre la iniciación de la Guerra de los Mil Días, en 1899, y la fundación del Banco de
1 comentario:
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